El Ejecutivo municipal presentó dos proyectos de ordenanza al Concejo Deliberante que promueven mecanismos de acompañamiento, conciliación y acceso a soluciones para quienes atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad. El objetivo es brindar herramientas que permitan atender una problemática que afecta a numerosas familias y garantizar soluciones más ágiles, equitativas y transparentes. La iniciativa se enmarca en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor N° 24.240 y la Ley Provincial N° 13.133, y busca fortalecer la intervención del Estado local frente a situaciones en las que las personas, debido a dificultades económicas o a las condiciones en las que accedieron al crédito, se ven imposibilitadas de cumplir con sus obligaciones financieras sin poner en riesgo su economía familiar y su calidad de vida.
La concejal de Juntos, Marlene de Carlo, visitó el estudio de Canal 10 y, en diálogo con el periodista Diego Blanksman, ofreció detalles del proyecto. En cuanto al procedimiento especial a través de la OMIC, la propuesta establece que sea la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la recepción y tramitación de los reclamos. Una vez presentada la documentación correspondiente, el organismo contará con un plazo de 72 horas para analizar cada caso e impulsar el procedimiento de saneamiento y reestructuración de las deudas.
El proyecto prevé que, al momento de arribar a acuerdos o resolver reestructuraciones de deuda, se tengan en cuenta los ingresos reales y la capacidad de pago del consumidor, el origen del endeudamiento, el nivel de educación financiera, si el crédito fue otorgado respetando los principios de responsabilidad y buena fe y si las obligaciones asumidas resultan desproporcionadas. Asimismo, se priorizará aquellos casos vinculados con gastos esenciales relacionados con derechos fundamentales, como alimentación, salud, educación, vivienda y servicios públicos.
Educación financiera y prevención
La iniciativa también contempla el desarrollo de campañas de información, programas de educación financiera y acciones de concientización destinadas a promover un uso responsable del crédito y prevenir situaciones de endeudamiento excesivo. Estas actividades podrán llevarse adelante en conjunto con asociaciones de consumidores, defensorías del pueblo, colegios profesionales y otros organismos vinculados. El objetivo principal es ofrecer una salida jurídica y económica a quienes atraviesan situaciones críticas, equilibrando la relación entre consumidores y proveedores y brindando herramientas que permitan recuperar la estabilidad patrimonial y preservar la economía familiar.
En cuanto al proyecto para la protección de los consumidores hipervulnerables, a iniciativa se sustenta en la legislación nacional y provincial vigente y otorga un marco normativo específico de actuación a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). La propuesta reconoce que existen sectores de la población que, por razones de edad, discapacidad, condiciones socioeconómicas, género, situaciones culturales o sociales, enfrentan mayores dificultades para ejercer plenamente sus derechos como consumidores, por lo que resulta necesario establecer mecanismos de protección reforzada. Entre los grupos comprendidos se encuentran niñas, niños y adolescentes, personas mayores de 70 años, personas con discapacidad, integrantes del colectivo LGBTIQ+, migrantes, habitantes de zonas rurales y barrios populares, jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, monotributistas sociales, trabajadores de casas particulares, personas desempleadas y veteranos de guerra, entre otros.
La iniciativa designa a la OMIC como autoridad de aplicación y establece una serie de funciones orientadas a brindar un trato preferente y procedimientos administrativos más expeditivos para la atención de estos casos. Asimismo, contempla el acompañamiento y asesoramiento a los consumidores, la identificación de reclamos de oficio, la realización de gestiones ante proveedores, la promoción de medidas preventivas y el desarrollo de acciones de educación y capacitación específicas.
Además, la ordenanza incorpora principios rectores como la utilización de un lenguaje claro y accesible y un deber reforzado de colaboración por parte de las empresas proveedoras de bienes y servicios, con el propósito de facilitar la rápida resolución de los conflictos y remover obstáculos que dificulten el acceso a la justicia. En el caso de niñas, niños y adolescentes, el proyecto establece un tratamiento especial que garantice el interés superior del niño, diferenciando la actuación de los adolescentes de entre 13 y 17 años, quienes podrán intervenir de manera autónoma, de aquellos menores de 12 años, quienes deberán hacerlo con el acompañamiento de un adulto responsable.
La iniciativa también prevé la articulación de la OMIC con otras áreas municipales, provinciales y nacionales vinculadas a niñez, discapacidad, adultos mayores, género, diversidad y desarrollo social, con el propósito de brindar una respuesta integral a las problemáticas que afectan a estos sectores.
La propuesta no implica la creación de nuevas estructuras ni generará erogaciones presupuestarias adicionales, ya que será implementada con los recursos humanos y materiales existentes. Con este proyecto, el Municipio de Junín busca consolidar herramientas que permitan reducir las desigualdades existentes en las relaciones de consumo y garantizar una protección efectiva de los sectores más vulnerables, fortaleciendo el rol de la OMIC como organismo de cercanía para la defensa de los derechos de los vecinos.
